Los impuestos son lo primero en lo que una persona piensa cuando se le viene a la cabeza la idea de abrir una empresa o de hacerse autónomo.
Muchas veces no tenemos claro cuántos existen o cuáles nos repercuten, por eso, hoy vamos a hacer una guía de cuál le corresponde pagar a cada uno de los posibles sectores.
Los impuestos
Los impuestos son pagos obligatorios que las personas y las empresas hacen al gobierno para financiar una variedad de servicios y programas públicos. Estos fondos se utilizan para mantener infraestructuras, como carreteras y hospitales, y para financiar servicios básicos, como educación y seguridad.
Quienes se encargan de recolectar y gestionar estos impuestos son diferentes organismos gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria. Su tarea es asegurarse de que los impuestos se recauden de manera justa y eficiente, y que luego se distribuyan de manera adecuada para beneficiar a toda la sociedad.
Existen varios tipos de impuestos, cada uno con su propia función y base impositiva. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta grava los ingresos que las personas obtienen de su trabajo o de otras fuentes, mientras que el impuesto al valor agregado se aplica a las ventas de bienes y servicios. Otros impuestos pueden gravar la propiedad, las herencias o las transacciones financieras, pero todo esto lo desglosaremos con detalle más adelante.
Es necesario comprender que son los impuestos una parte necesaria de la vida en sociedad. Sin impuestos, el gobierno no tendría los recursos necesarios para proporcionar los servicios y las infraestructuras que todos utilizamos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, cumplir con nuestras obligaciones tributarias es una responsabilidad cívica que contribuye al bienestar colectivo.
Tipos de empresas
Existen varios tipos de empresas, cada una con características y estructuras jurídicas distintas:
- Empresas individuales: Son negocios operados por una sola persona, quien asume toda la responsabilidad legal y financiera. Ejemplos de este tipo de empresa son los autónomos y los trabajadores independientes.
- Sociedades limitadas (SL): Estas empresas están formadas por dos o más socios que comparten la responsabilidad legal y financiera de manera limitada a su inversión en la empresa.
- Sociedades anónimas (SA): Son empresas cuyo capital está dividido en acciones y cuyos propietarios son accionistas. La responsabilidad de los accionistas está limitada al valor de sus acciones.
- Cooperativas: Son organizaciones propiedad de los miembros que las utilizan, con el objetivo de satisfacer sus necesidades comunes, económicas, sociales y culturales.
- Empresas de responsabilidad limitada de un solo socio (EIRL): Similar a las empresas individuales, pero con la posibilidad de limitar la responsabilidad legal a los activos de la empresa. El propietario es una persona jurídica distinta del individuo propietario, lo que ofrece cierta protección de responsabilidad.
- Sociedades colectivas: Todos los socios participan en la gestión de la empresa y comparten la responsabilidad legal y financiera de manera ilimitada. La responsabilidad de los socios no está limitada a su inversión en la empresa.
- Sociedades comanditarias: Se dividen en dos tipos de socios: los socios comanditarios, que aportan capital, pero no participan en la gestión, y los socios colectivos, que gestionan la empresa y tienen responsabilidad ilimitada.
- Empresas sociales de beneficio: Estas empresas tienen como objetivo principal generar impacto social o ambiental positivo, además de obtener beneficios financieros. Operan de manera comercial, pero reinvierten parte de sus ganancias en causas sociales o ambientales.
- Corporaciones multinacionales: Son empresas con operaciones en varios países y que pueden tener una estructura compleja de subsidiarias y filiales. Suelen tener una amplia gama de actividades y pueden enfrentarse a desafíos regulatorios y fiscales complejos.
- Empresas de capital abierto: Son empresas cuyas acciones cotizan en bolsa y están disponibles para que el público en general las compre y venda en el mercado abierto. Están sujetas a una mayor regulación y transparencia debido a su carácter público.
Impuestos para autónomos
Los autónomos, también conocidos como trabajadores por cuenta propia, están sujetos a una serie de impuestos que deben cumplir de manera obligatoria. Estos impuestos pueden variar según el país, pero generalmente incluyen:
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Este impuesto grava los ingresos que un autónomo obtiene en el ejercicio de su actividad económica. Es una parte de tus ganancias que el gobierno reclama para financiar sus servicios y programas. Dependiendo de cuánto ganes, pagarás una tasa de impuesto diferente sobre esa parte de tus ingresos.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Cuando un autónomo vende bienes o servicios, debe agregar este impuesto al precio. Es un porcentaje extra que el cliente paga y luego el autónomo debe entregar al Estado. Es una forma de gravar el consumo y es común en muchos países.
- Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Lo paga el autónomo directamente al municipio donde opera su negocio. Grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Es una tarifa que se paga por tener un negocio en funcionamiento.
Impuestos para cada tipo de empresa
Las empresas, dependiendo de su forma jurídica y sus actividades, están sujetas a diferentes impuestos:
- Impuesto de Sociedades: Este impuesto grava los beneficios obtenidos por las empresas. Es una parte de las ganancias que las empresas deben devolver al Estado para contribuir al financiamiento de los servicios públicos y otras necesidades gubernamentales. La tasa impositiva puede variar dependiendo de la legislación fiscal de cada país y del nivel de beneficios de la empresa.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Cuando las empresas venden bienes o servicios, deben agregar este impuesto al precio. Es un porcentaje extra que los clientes pagan y luego la empresa debe entregar al Estado. El IVA se aplica en cada etapa de la cadena de producción y distribución, desde la fabricación hasta la venta final al consumidor, y es una importante fuente de ingresos para el gobierno.
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Este impuesto grava la propiedad de bienes inmuebles, como terrenos, edificios y locales comerciales. Es una contribución anual que las empresas deben pagar al municipio donde se encuentran ubicados sus activos inmobiliarios. El importe del IBI se calcula en función del valor catastral del inmueble y puede variar según la ubicación y las características del mismo.
- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD): Este impuesto se aplica a la transmisión de bienes y derechos, como la compra-venta de acciones o la constitución de hipotecas. El ITP grava las transmisiones de bienes muebles, mientras que el AJD grava la formalización de documentos notariales. Las empresas pueden estar sujetas a estos impuestos en diferentes situaciones, como la adquisición de activos o la firma de contratos.
¿Es legal no pagar alguno de los impuestos?
No, no está permitido evadir el pago de impuestos. Tanto las personas como las empresas tienen la obligación legal de cumplir con sus responsabilidades tributarias.
ASEM, asesoría fiscal en Cáceres que ofrece guía en la gestión y optimización de los impuestos, nos explica que la evasión fiscal, que implica no pagar impuestos a propósito, es considerada una infracción grave y puede resultar en consecuencias legales y financieras severas. Las autoridades fiscales están autorizadas para hacer cumplir estas leyes y tomar medidas contra quienes intenten eludir sus obligaciones fiscales.
Es crucial respetar las leyes tributarias para mantener la integridad del sistema fiscal y contribuir al bienestar de la sociedad en su conjunto.
¿Qué ocurre cuando no se pagan los impuestos?
Cuando una persona o empresa no paga sus impuestos, las consecuencias pueden ser significativas y variadas.
En primer lugar, pueden enfrentar procesos legales por parte de las autoridades fiscales, lo que podría resultar en sanciones legales y financieras. Dependiendo de la gravedad de la evasión fiscal y las leyes del país, estas sanciones podrían incluir multas importantes e incluso penas de cárcel en casos extremos. Algunos ejemplos de dichas multas son las siguientes:
- Multas por retraso en la presentación de declaraciones fiscales.
- Multas por no pagar el IVA o el impuesto sobre la renta.
- Recargos por mora por no cumplir con los plazos de pago de impuestos.
- Multas por proporcionar información incorrecta o engañosa a las autoridades fiscales.
- Multas por evasión fiscal, que pueden incluir sanciones financieras significativas y en casos graves, penas de prisión.
- Multas por no retener o ingresar correctamente las retenciones de impuestos.
Cuando alguien no paga sus impuestos, puede afectar gravemente su reputación financiera y comercial. Los registros de impuestos pendientes pueden quedar registrados públicamente, lo que dificulta obtener créditos o préstamos en el futuro. Además, otras empresas pueden ver esto como una señal de falta de fiabilidad o ética empresarial, lo que podría dañar relaciones comerciales potenciales. Por lo tanto, no cumplir con las obligaciones fiscales puede tener repercusiones que van más allá de las multas y los procesos legales: puede afectar a la capacidad de operar efectivamente en el mundo empresarial.
En algunos casos, incluso, las autoridades fiscales pueden tomar medidas para recuperar los impuestos no pagados, como embargar activos o cuentas bancarias. Esto puede causar problemas financieros graves y dificultar aún más la capacidad de la persona o empresa para operar de manera efectiva.
¿Vas a abrir una empresa o a hacerte autónomo?
Es fundamental que tanto las personas como las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias de manera puntual y completa, ya que el incumplimiento puede tener graves consecuencias legales y financieras.
Ya no solo por no jugártela y tener que pagar multas, sino porque la transparencia y la honestidad en el pago de impuestos son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía y el bienestar de la sociedad en el mercado laboral.